En el análisis de riesgo de este 2026, hay una conversación que ya no podemos seguir abordando desde lo simbólico.
Las cifras de violencia de género en República Dominicana siguen evidenciando una realidad estructural: no estamos ante un problema de percepción, sino ante una debilidad en las garantías fundamentales que sostienen cualquier sistema productivo.
Un entorno donde una parte relevante de la fuerza laboral vive bajo riesgo constante impacta directamente la estabilidad, la toma de decisiones y la sostenibilidad de las organizaciones. La seguridad jurídica no solo se mide en contratos o regulaciones; también se refleja en la capacidad real de las personas de vivir, decidir y operar sin amenaza.
Cuando una mujer no tiene control sobre sus recursos, su capacidad de accionar frente a un entorno de violencia se reduce. La ley, en ese escenario, pierde efectividad práctica. Por el contrario, el acceso a ingresos, la formalización laboral y la independencia económica fortalecen la posibilidad real de tomar decisiones oportunas.
El verdadero empoderamiento no se construye en el discurso, sino en la capacidad real de ejecutar decisiones sin quedar expuesta a la precariedad. Hablar de desarrollo sin integrar esta variable es sostener una narrativa incompleta, desconectada de las condiciones que determinan la seguridad y la autonomía en la práctica.
Los feminicidios siguen siendo la manifestación más extrema de una fragilidad institucional que no puede ser ignorada. Cuando la vida de una mujer depende de su capacidad de resistir y no de un sistema que la proteja, cualquier avance pierde solidez y el progreso deja de ser real para convertirse en una ilusión.
