Ningún país logrará reducir la informalidad si, al mismo tiempo, hace que la formalidad sea cada vez más difícil. Esa afirmación cobra especial relevancia en la República Dominicana, donde más del 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas opera en la informalidad. Ante esa realidad, conviene preguntarnos si algunos de los mecanismos creados para fortalecer el sistema están produciendo, sin proponérselo, el efecto contrario.
La dispensa de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) nació con un propósito legítimo: evitar que algunos empleadores reportaran salarios inferiores a los realmente pagados para reducir sus aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Combatir la evasión y proteger los derechos de los trabajadores no solo es correcto; es una responsabilidad ineludible del Estado.
El desafío comienza cuando ese objetivo se enfrenta a la realidad cotidiana de quienes generan empleo.
La vida de una empresa no transcurre en períodos perfectos de treinta días. Hay colaboradores que ingresan en la última semana del mes, otros que renuncian pocos días después de haber sido contratados, jornadas parciales, incapacidades médicas y múltiples situaciones que forman parte de la dinámica normal de cualquier negocio. Sin embargo, cuando estas circunstancias obligan al empleador a solicitar una dispensa, un hecho cotidiano puede convertirse en un procedimiento complejo, cargado de documentos, observaciones y, en ocasiones, recursos de reconsideración que requieren conocimientos técnicos que la mayoría de los pequeños empresarios no posee.
El problema no es que exista un mecanismo de control. Todo sistema serio necesita herramientas para prevenir el fraude. Lo preocupante es cuando el diseño del procedimiento termina colocando en la misma lógica al evasor y a quien ha decidido cumplir. Un expediente que permanece meses esperando una respuesta deja de percibirse como una garantía del sistema y comienza a sentirse como una barrera para la formalidad.
La consecuencia trasciende al empleador. Si la formalización de las relaciones laborales se vuelve cada vez más compleja, el trabajador también asume un riesgo. La informalidad no priva únicamente de un registro; limita el acceso a la protección social, precisamente aquello que el sistema busca garantizar.
Por eso vale la pena detenernos en una contradicción que pocas veces ocupa el centro del debate. Empleadores y trabajadores realizan un esfuerzo económico considerable para sostener la seguridad social con la expectativa legítima de recibir una protección efectiva. Sin embargo, la experiencia de miles de familias demuestra que la afiliación, aunque representa uno de los avances sociales más importantes del país, no siempre se traduce en la cobertura que esperan. Los copagos, las diferencias económicas para acceder a determinados procedimientos, las limitaciones del Plan Básico de Salud y la necesidad de contratar seguros complementarios siguen siendo parte de la realidad de muchos dominicanos.
Esto no significa que el sistema haya fracasado. Significa que fortalecer la seguridad social exige una mirada más amplia. Tan importante como combatir la evasión es facilitar el cumplimiento; tan necesario como fiscalizar es simplificar; tan urgente como recaudar es garantizar que la protección ofrecida responda a las expectativas de quienes sostienen el sistema con sus aportes.
La discusión sobre la dispensa de la TSS, en el fondo, no trata únicamente de un procedimiento administrativo. Trata del modelo de institucionalidad que queremos construir. Un Estado eficiente no es el que multiplica requisitos, sino el que sabe distinguir entre quien intenta defraudar y quien actúa de buena fe. Es el que concentra sus mayores esfuerzos donde existe fraude, sin convertir el cumplimiento en una carrera de obstáculos.
La seguridad social no se fortalece únicamente cuando recauda más. Se fortalece cuando inspira confianza. Y la confianza comienza el día en que hacer las cosas bien deja de sentirse como el camino más difícil.
