El 98% de las empresas en República Dominicana son MIPYMES, pero nuestro sistema de seguridad social parece diseñado exclusivamente para el 2% restante. En la dinámica de un pequeño negocio, la nómina no es una línea plana; es un organismo vivo que respira, crece y se contrae. Sin embargo, la TSS opera bajo una lógica de "talla única" que ignora la realidad de quienes sostienen la economía nacional.
Cuando una microempresa contrata, no solo asume un salario base. Existe una carga invisible de aproximadamente un 22% adicional entre salud, pensiones, riesgos laborales e INFOTEP, una cifra que el trabajador rara vez percibe en su volante de pago pero que asfixia el flujo de caja del empleador antes siquiera de calcular reservas de regalía o cesantía.
Pero el mayor obstáculo no es solo el monto, sino la fricción operativa que penaliza la eficiencia.
Aunque la Resolución 471-02 del CNSS contempla jornadas parciales e ingresos atípicos, su ejecución en el SUIR es una carrera de obstáculos. Si un colaborador trabaja solo 10 días por una salida imprevista, el sistema "asume" por defecto que debe cotizar sobre el salario mínimo completo. Validar una cotización proporcional requiere una gestión administrativa, extensa y sin tiempos de respuestas claros, que muchas MIPYMES no pueden costear en horas-hombre, convirtiendo el cumplimiento en un robo de tiempo, el recurso más escaso del pequeño empresario.
Mientras el sistema "valida", la empresa queda expuesta a recargos, intereses o a una falta de cobertura que se traduce en un riesgo patrimonial directo.
La protección social es un derecho, pero su administración no debería ser un castigo.
La pregunta es obligatoria: ¿Estamos fomentando la formalidad o diseñando un sistema tan rígido que la informalidad termina siendo la única vía de supervivencia?
La formalidad no debería ser una carga insoportable, sino una decisión lógica de negocio que no obligue al pequeño comerciante a elegir entre la ley y su propia existencia.
