Las MIPYMES representan más del 98% de nuestro tejido empresarial. Son el motor real del país. Sin embargo, cuando hablamos de formalización, olvidamos el pilar que la sostiene: la seguridad jurídica proporcional.
Hoy, el pequeño empresario no le teme a la ley, le teme a la indefensión.
El derecho del trabajador es incuestionable, pero el sistema actual tiene grietas que se usan como armas.
La admisión automática de demandas infundadas permite litigar sin riesgos ni consecuencias. Esto genera un desgaste económico insostenible: ante procesos largos y caros, los empresarios prefieren transar para cerrar el problema, convirtiendo el pago en una estrategia de salida en lugar de un acto de justicia.
La realidad es cruda: Para una multinacional, un litigio es una línea en el presupuesto. Para un emprendedor o dueño de una pequeña distribuidora, una demanda sin sustento puede ser el fin de su historia.
No podemos exigir formalidad si el sistema penaliza a quien se atreve a contratar.
