En un Estado que aspira a una institucionalidad real, la eficacia de las leyes no se mide solo por su aprobación, sino por su capacidad de ser implementadas con previsibilidad, orden y coherencia. Sin embargo, la reciente aprobación del nuevo Código Penal dominicano sin un período de adaptación ha abierto un debate que no podemos eludir sobre la estabilidad normativa.
La vacatio legis no es una dilación burocrática; es la transición responsable que garantiza la salud del sistema. Permite que la ciudadanía, jueces, empleados del sistema de justicia, empresas y abogados se preparen, capaciten y ajusten sus procesos a los cambios antes de que la norma entre en vigor.
Cuando se omite este tiempo vital, el impacto es inmediato y compromete pilares fundamentales. En materia penal, la previsibilidad es un principio de protección. Una reforma que entra en vigor de forma súbita genera una carrera contra el tiempo que pone en riesgo innecesario los derechos fundamentales.
La seguridad jurídica no es un mero tecnicismo legal; es el pilar esencial que sostiene la confianza, la inversión y la estabilidad social de la nación.
La estabilidad jurídica del país depende de que la sociedad pueda comprender y aplicar las normas con la claridad y el tiempo suficiente.
