La modernización de la cédula de identidad y electoral en la República Dominicana representa un avance significativo en nuestro compromiso con la actualización tecnológica y la transparencia democrática. Sin lugar a dudas, todo esfuerzo orientado a fortalecer los registros civiles y garantizar un acceso seguro y confiable a la identidad nacional merece ser aplaudido.
Sin embargo, no podemos obviar una preocupación legítima al conocer la campaña de la Junta Central Electoral (JCE) que afirma: “un acta de nacimiento es una cédula, y una cédula es un voto”. Este mensaje debe invitarnos a reflexionar profundamente sobre los cimientos de nuestro sistema registral y electoral, especialmente en un contexto donde persisten brechas alarmantes en el acceso a documentos básicos en zonas vulnerables.
De acuerdo con la Ley No. 4-23 de Registro Civil, que regula la inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos del estado civil, así como con la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la correcta, verificable e íntegra inscripción de los ciudadanos constituye la base de la identidad nacional y del ejercicio pleno del derecho al sufragio. No obstante, miles de dominicanos aún carecen de acta de nacimiento, lo que limita gravemente su acceso a la ciudadanía plena y a la participación democrática.
La pregunta que hoy debemos hacernos es clara: ¿Cómo aseguraremos que el proceso de emisión de nuevas actas y su posterior conversión en cédulas se realice bajo los más estrictos controles de legalidad, verificación y transparencia, evitando irregularidades que puedan distorsionar la voluntad democrática?
En un contexto de creciente presión migratoria y de retos en materia de integridad registral, donde la frontera de la identidad nacional se ve amenazada, resulta imperativo actuar con firmeza y responsabilidad. Ante este escenario, el deber ciudadano no puede limitarse a confiar en las instituciones, sino que debe extenderse a una vigilancia activa de los procesos.
Cada día que transcurre sin una depuración efectiva, una emisión segura y una verificación rigurosa de los registros civiles incrementa el riesgo de que las irregularidades impacten directamente en la legitimidad de los comicios venideros. La premura por cumplir con los plazos electorales no debe ser excusa para sacrificar la calidad, la integridad y la transparencia que exige este proceso de cedulación.
Se vuelve fundamental la creación de comisiones de veeduría ciudadana, integradas por representantes de diversos sectores de la sociedad: académicos, gremios profesionales, organizaciones empresariales, líderes religiosos y actores de la sociedad civil. Estas comisiones deberán trabajar con plena autonomía, contar con acceso efectivo a la información pública y disponer de mecanismos de auditoría continua para supervisar rigurosamente la depuración de registros y la expedición de documentos de identidad, así como promover el establecimiento de sanciones ejemplares para funcionarios o ciudadanos que incurran en irregularidades durante este proceso.
Solo mediante un proceso legítimo, verificable y transparente se garantizará que cada acta de nacimiento emitida y cada cédula entregada respalden el derecho de los dominicanos a construir su futuro democrático sin interferencias ni distorsiones.
Modernizarse no es solo cambiar un plástico o actualizar una base de datos. Modernizarse es fortalecer la nación, garantizar que cada documento emitido sea el resultado de un proceso legítimo, seguro y transparente.
La nueva cédula es, hoy más que nunca, una responsabilidad histórica y un reto impostergable para la JCE y para toda la sociedad dominicana.
