Mientras el país debate reformas laborales, presión fiscal y sostenibilidad del Estado, hay una pregunta que sigue fuera de la conversación: ¿se están diseñando las reglas del juego pensando en la realidad de las MIPYMES?.
El gran error de nuestras reformas es que sufren de miopía: ven muy bien el panorama de las grandes corporaciones, pero no logran enfocar la realidad del pequeño negocio. Hablamos de regulaciones y nuevas exigencias usando el mismo lenguaje para una multinacional con cientos de empleados que para una empresa familiar o un emprendimiento que apenas empieza a despegar. Y ahí es donde la soga empieza a ahorcar.
Cualquier reforma tiene que aterrizar al suelo dominicano. No se pueden diseñar leyes uniformes para sectores que operan en mundos completamente distintos. Si obligamos al pequeño a cargar con el mismo peso burocrático que el grande, no estamos promoviendo la legalidad; estamos empujando a la gente a la informalidad.
Si obligamos al pequeño a cargar con el mismo peso burocrático que el grande, no estamos promoviendo la legalidad; estamos empujando a la gente a la informalidad.
El debate público no puede quedarse atrapado en el bucle de “recaudar más” o “endurecer controles”. El verdadero reto es lograr que una empresa pueda cumplir con la ley sin que la formalidad se convierta en una sentencia de muerte financiera.
Que incluso desde las instituciones públicas ya se admita que el sistema actual es un laberinto complejo es un avance. Pero esa admisión no debe ser solo un titular de prensa, sino el punto de partida para una conversación sincera.
Necesitamos reformas modernas, por supuesto, pero sobre todo necesitamos reformas humanas, que entiendan la psicología y el bolsillo del que produce el dinero desde abajo.
Fortalecer a las MIPYMES no es hacerles un favor, ni una concesión política para salir en la foto. Es una estrategia de supervivencia económica. Si queremos un país estable, tenemos que cuidar la estructura de abajo; de lo contrario, el edificio entero se tambalea.
