La ley convertida en riesgo: El costo oculto de la inseguridad jurídica

Agri Vlaverde .

En República Dominicana, hablar de seguridad jurídica para las MIPYMES sigue siendo un discurso pendiente. La creciente desconexión entre el diseño normativo y la realidad operativa de las pequeñas y medianas empresas ha convertido el cumplimiento en un laberinto. En lugar de construir un entorno predecible, coherente y estable, el marco legal actual —fragmentado, contradictorio y cada vez más punitivo— impone obligaciones que resultan, en muchos casos, simplemente imposibles de cumplir.

Las MIPYMES representan más del 98 % del tejido empresarial nacional. Son el corazón de la economía local, pero también las más expuestas a los efectos de una sobreproducción legislativa sin criterios de proporcionalidad. En los últimos años, han sido impactadas por una serie de iniciativas legales y reformas que, lejos de simplificar, agregan capas de complejidad e incertidumbre. Entre ellas, la Ley de Residuos Sólidos, que impone cargas ambientales a negocios sin capacidad técnica ni acompañamiento estatal efectivo; o los cambios en normas fiscales, societarias y de cumplimiento digital que no distinguen entre una multinacional y una panadería de barrio.

En este contexto, el mensaje es claro: la formalización no se promueve, se penaliza. El cumplimiento no se incentiva, se encarece. Y el riesgo legal ya no proviene de malas prácticas, sino del simple hecho de operar sin saber a qué nueva regulación serás sometido mañana.

La seguridad jurídica no es una abstracción: es un factor clave para que una empresa decida formalizarse, invertir, contratar y crecer. Y hoy, ese piso mínimo está fallando. Si realmente se quiere que las MIPYMES dejen de ser vulnerables y se conviertan en motores robustos de desarrollo, hay que empezar por garantizar algo elemental: que el marco legal no sea una amenaza constante, sino una herramienta clara, funcional y adaptada a su escala. Urge establecer reglas predecibles, introducir criterios diferenciados por tamaño empresarial y crear una ruta progresiva de cumplimiento.

Sin seguridad jurídica no hay confianza. Y sin confianza, no hay país que se sostenga.

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